La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no garantizar un correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas en algunas aglomeraciones de Galicia, Andalucía y sobretodo, Cataluña, lo que supone un riesgo para la salud pública.

Llueve sobre mojado. España tiene abiertos en este momento cuatro expedientes por la falta de depuración de aguas residuales, que afectan a unos 800 núcleos de población repartidos por todo el país. En su escrito, la Comisión Europea recuerda que en diciembre de 2003 ya envió una carta de emplazamiento a España sobre esta falta de tratamiento de las aguas residuales.

«Aunque desde entonces se han solucionado algunos problemas, el lento ritmo de los avances ha llevado a la Comisión a remitir el caso al Tribunal de Justicia», según dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El recurso afecta a siete núcleos de Andalucía, Cataluña y Galicia, cada uno de ellos con más de 10.000 habitantes. Los informes procedentes de las autoridades españolas indican que sigue faltando un sistema de tratamiento adecuado en municipios tales como Berga, Figueres, Abrera, Capellades o El Terri (Banyoles), en Cataluña, en Pontevedra-Marín-Poio-Bueu, en Galicia y en Bollullos Par del Condado (Andalucia). La Comisión considera que los datos facilitados «son incompletos o muestran que no se cumplen todavía los niveles exigidos», apunta el comunicado.

En 2011, el tribunal europeo ya condenó a España porque 38 ciudades de más de 15.000 habitantes no depuraban correctamente las aguas urbanas.

Además, Santiago Martín, responsable de aguas de Ecologistas en Acción, sostiene que la Comisión Europea “no valora el funcionamiento” de las depuradoras. “Muchas están obsoletas y se han quedado pequeñas”, afirma.

Según advierte la Comisión, las aguas residuales sin tratar «pueden estar contaminadas con bacterias y virus nocivos, y esto plantea un indudable riesgo para la salud pública». «Dichas aguas, además, contienen nutrientes (como nitrógeno o fósforo) que pueden ser perjudiciales para el agua dulce y el entorno marino, favoreciendo un proceso de eutrofización; es decir, una proliferación de algas que puede causar la asfixia de otros organismos vivos», apunta el Ejecutivo comunitario.